“Propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán. Prohibido pasar”, decía un cartel colocado esta mañana por agentes estatales en un espacio verde bajo ocupación en La Quebradita, Tafí del Valle. Sin embargo, miembros de la Comunidad Diaguita retiraron a las pocas horas el letrero de reivindicación que había sido instalado durante un operativo desplegado por la Fiscalía de Estado junto al Ministerio de Seguridad, Catastro, Vialidad y el Ente de Turismo.
Un equipo de LA GACETA en el lugar constató que la usurpación de las tierras fiscales ubicadas en las cercanías del río Blanquito continúa, pese a que el Gobierno anunció que recuperó los terrenos. Los miembros de la comunidad que dirige el cacique Santos Pastrana insisten en que poseen derechos ancestrales sobre el territorio y que permanecerán allí hasta recibir “respuestas a los problemas habitacionales”.
“Con la fuerza pública concretaron el desalojo del espacio verde del que hicimos presentaciones. Pero sólo unos puestos estaban sin gente, pusieron el cartel y a las horas ya no estaba. No quedó un policía para cuidar la propiedad”, relató Esteban Sanz, miembro de la comisión de propietarios de La Quebradita (son más de 70) que sigue con preocupación la ola reciente de tomas en el loteo.
El fiscal de Estado, Federico Nazur, dijo que aún esperaba los informes finales del equipo oficial que acudió hoy a Tafí del Valle para luego analizar las próximas acciones de defensa de los predios estatales. La semana pasada, incluso, presentaron un amparo a la simple tenencia en el Juzgado de Paz. Mientras, una docena de personas de la Comunidad Diaguita persiste esta noche con construcciones precarias y distintivos indígenas.